Feb 28/10 | Alvaro Uribe stopped on his tracks: A win-win solution in Colombia
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Discurso de Óscar Arias Sánchez, Presidente de Costa Rica
23 de febrero de 2010 | Cancún, México |Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe.
"Que cada palo aguante su vela" Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, amigas y amigos:
Ésta es mi última participación en una cumbre internacional. No pretendo despedirme de América Latina ni del Caribe. Los sueños de esta región los llevo atados al centro de mi vida. Pero sí debo despedirme de ustedes, colegas, hermanos, compañeros de viaje. Debo despedirme de este auditorio que resume, en un racimo de voces, las esperanzas de 600 millones de personas, casi una décima parte de la humanidad. Es en nombre de esa estirpe latinoamericana que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Es en nombre de la prosapia que habita más allá de estas puertas, y que exige de nosotros la osadía de construir un lugar más digno bajo el sol.
A pesar de los discursos y de los aplausos, lo cierto es que nuestra región ha avanzado poco en las últimas décadas. En ciertas áreas, ha caminado resueltamente hacia atrás. Muchos quieren abordar un oxidado vagón al pasado, a las trincheras ideológicas que dividieron al mundo durante la Guerra Fría. América Latina corre el riesgo de aumentar su insólita colección de generaciones perdidas. Corre el riesgo de desperdiciar, una vez más, su oportunidad sobre la Tierra. Nos corresponde a nosotros, y a quienes vengan después, evitar que eso suceda. Nos corresponde honrar la deuda con la democracia, con el desarrollo y con la paz de nuestros pueblos, una deuda cuyo plazo venció hace siglos.
Honrar la deuda con la democracia quiere decir mucho más que promulgar constituciones políticas, firmar cartas democráticas o celebrar elecciones periódicas. Quiere decir construir una institucionalidad confiable, más allá de las anémicas estructuras que actualmente sostienen nuestros aparatos estatales. Quiere decir garantizar la supremacía de la ley y la vigencia del Estado de Derecho, que algunos insisten en saltar con garrocha.
Quiere decir fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, profundamente amenazado por la presencia de gobiernos tentaculares, que han borrado las fronteras entre gobernante, partido y Estado. Quiere decir asegurar el disfrute de un núcleo duro de derechos y garantías fundamentales, crónicamente vulnerados en buena parte de la región latinoamericana. Y quiere decir, antes que nada, la utilización del poder político para lograr un mayor desarrollo humano, el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros habitantes y la expansión de las libertades de nuestros ciudadanos.
No se debe confundir el origen democrático de un régimen con el funcionamiento democrático del Estado. Hay en nuestra región gobiernos que se valen de los resultados electorales para justificar su deseo de restringir libertades individuales y perseguir a sus adversarios. Se valen de un mecanismo democrático, para subvertir las bases de la democracia. Un verdadero demócrata, si no tiene oposición, debe crearla. Demuestra su éxito en los frutos de su trabajo, y no en el producto de sus represalias. Demuestra su poder abriendo hospitales, caminos y universidades, y no coartando la libertad de opinión y expresión. Un verdadero demócrata demuestra su energía combatiendo la pobreza, la ignorancia y la inseguridad ciudadana y no imperios extranjeros y conspiraciones imaginarias. Esta región, cansada de promesas huecas y palabras vacías, necesita una legión de estadistas cada vez más tolerantes, y no una legión de gobernantes cada vez más autoritarios. Es muy fácil defender los derechos de quienes piensan igual que nosotros. Defender los derechos de quienes piensan distinto, ése es el reto del verdadero demócrata. Ojalá nuestros pueblos tengan la sabiduría para elegir gobernantes a quienes no les quede grande la camisa democrática.
Y ojalá también sepan resistir la tentación de quienes les prometen vergeles detrás de la democracia participativa, que puede ser un arma peligrosa en manos del populismo y la demagogia. Los problemas de Latinoamérica no se solucionan con sustituir una democracia representativa disfuncional, por una democracia participativa caótica.
Parafraseando a Octavio Paz, me atrevo a decir que en nuestra región la democracia no necesita echar alas, lo que necesita es echar raíces. Antes de vender tiquetes al paraíso, preocupémonos primero por consolidar nuestras endebles instituciones, por resguardar las garantías fundamentales, por asegurar la igualdad de oportunidades para nuestros ciudadanos, por aumentar la transparencia de nuestros gobiernos, y sobre todo, por mejorar la efectividad de nuestras burocracias. Mi experiencia como gobernante me ha comprobado que los nuestros son Estados escleróticos e hipertrofiados, incapaces de satisfacer las necesidades de nuestros pueblos y de brindar los frutos que la democracia está obligada a entregar.
Esto tiene serias consecuencias sobre nuestra capacidad de honrar la segunda deuda que he querido mencionarles, la deuda con el desarrollo. Una deuda que, repito, tenemos que honrar nosotros. Ni el colonialismo español, ni la falta de recursos naturales, ni la hegemonía de Estados Unidos, ni ninguna otra teoría producto de la victimización eterna de América Latina, explican el hecho de que nos rehusemos a aumentar nuestro gasto en innovación, a cobrarle impuestos a los ricos, a graduar profesionales en ingenierías y ciencias exactas, a promover la competencia, a construir infraestructura o a brindar seguridad jurídica a las empresas. Es hora de que cada palo aguante la vela de su propio progreso.
¿Con qué derecho se queja América Latina de las desigualdades que dividen a sus pueblos, si cobra casi la mitad de sus tributos en impuestos indirectos, y la carga fiscal de algunas naciones en la región apenas alcanza el 10% del Producto Interno Bruto? ¿Con qué derecho se queja América Latina de su subdesarrollo, si es ella la que demuestra una proverbial resistencia al cambio cada vez que se habla de innovación y de adaptación a nuevas circunstancias? ¿Con qué derecho se queja América Latina de la falta de empleos de calidad, si es ella la que permite que la escolaridad promedio sea de alrededor de 8 años? Y sobre todo, ¿con qué derecho se queja América Latina de su pobreza si gasta, al año, casi 60.000 millones de dólares en armas y soldados?
La deuda con la paz es la más vergonzosa, porque demuestra la amnesia de una región que alimenta el retorno de una carrera armamentista, dirigida en muchos casos a combatir fantasmas y espejismos. Demuestra, además, la total incapacidad para establecer prioridades en América Latina, una práctica que impide la concreción de una verdadera agenda para el desarrollo. Hay países que sufren conflictos internos, que pueden justificar un aumento en sus gastos de defensa nacional. Pero en la gran mayoría de nuestras naciones, un mayor gasto militar es inexcusable ante las necesidades de pueblos cuyos verdaderos enemigos son el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la desigualdad, la criminalidad y la degradación del medio ambiente. Es lamentable que en esta Cumbre de la Unidad se reúnan países que se arman los unos contra los otros. Y es también lamentable que en esta Cumbre de la Unidad se encuentre ausente el Gobierno de Honduras, cuyo pueblo es víctima del militarismo y no merece castigo, sino auxilio.
Si hace veinte años me hubieran dicho que en el 2010 estaría todavía condenando el aumento del gasto militar en América Latina, probablemente me habría sorprendido.
¿Cómo, después de haber visto los cuerpos destrozados de jóvenes y niños heridos en la guerra, podía esta región anhelar un retorno a las armas? ¿Cómo habría de permitir el dantesco desfile de cohetes, misiles y rifles que pasa frente a pupitres desvencijados, loncheras vacías y clínicas sin medicinas? Algunos dirán que me equivoqué al confiar en un futuro de paz. No lo creo. La esperanza nunca es un error, no importa cuántas veces sea defraudada.
Yo aún espero un nuevo día para América Latina y el Caribe. Espero un futuro de grandeza para nuestros pueblos. Llegará el día en que la democracia, el desarrollo y la paz llenarán las alforjas de la región. Llegará el día en que cesará el recuento de las generaciones perdidas. Puede ser mañana, si nos atrevemos a hacerlo. Puede ser el próximo año, la próxima década o el próximo siglo. Por mi parte, yo seguiré luchando. Sin importar las sombras, seguiré esperando la luz al final del arco iris. Seguiré luchando hasta el día que llegue.
Queridos amigos y amigas. Compartir con ustedes este foro, al igual que muchos otros más, ha sido para mí sumamente honroso y un verdadero privilegio. Esta es mi última cumbre y al decirles adiós, quiero que sepan que en Óscar Arias tendrán siempre a un amigo de verdad.
Muchas gracias.
Óscar Arias Sánchez
Feb 11th 2010 | CARACAS | From The Economist print edition
IN A small fishing village on the Caribbean coast of Venezuela stands a plinth. Unveiled by government officials in 2006, it pays homage to the Cuban guerrillas sent by Fidel Castro in the 1960s to help subvert Venezuela’s then recently restored democracy. Almost entirely bereft of popular support, the guerrilla campaign flopped. But four decades later, and after a decade of rule by Hugo Chávez, Cuba’s communist regime seems finally to have achieved its goal of invading oil-rich Venezuela—this time without firing a shot.
Earlier this month Ramiro Valdés, a veteran revolutionary who ranks number three in Cuba’s ruling hierarchy and was twice its interior minister, arrived in Caracas, apparently for a long stay. Officially, Mr Valdés has come to head a commission set up by Mr Chávez to resolve Venezuela’s acute electricity shortage. But he lacks expertise in this field, and Cuba is famous for 12-hour blackouts. Some members of Venezuela’s opposition reckon that Mr Valdés, whose responsibilities at home include policing Cubans’ access to the internet, has come to help Mr Chávez step up repression ahead of a legislative election in September. Others believe he was sent to assess the gravity of the situation facing the Castro brothers’ most important ally (Cuba depends on Mr Chávez for subsidised oil). He has been seen in meetings with Venezuelan military commanders.
Although by far the most senior, Mr Valdés is only one among many Cubans who have been deployed by Mr Chávez under bilateral agreements that took shape in 2003. As well as thousands of doctors staffing a community-health programme, they include people who are helping to run Venezuela’s ports, telecommunications, police training, the issuing of identity documents and the business registry.
In 2005 Venezuela’s government gave Cuba a contract to modernise its identity-card system. Since then, Cuban officials have been spotted in agencies such as immigration and passport control. A group of Cubans who recently fled Venezuela told a newspaper in Miami that they had bribed a Cuban official working in passport control at Caracas airport.
In some ministries, such as health and agriculture, Cuban advisers appear to wield more power than Venezuelan officials. The health ministry is often unable to provide statistics—on primary health-care or epidemiology for instance—because the information is sent back to Havana instead. Mr Chávez seemed to acknowledge this last year when, by his own account, he learned that thousands of primary health-care posts had been shut down only when Mr Castro told him so.
Coffee-growers complain that in meetings with the government it is Bárbara Castillo, a former Cuban trade minister, who calls the shots. Ms Castillo, who was formally seconded to Venezuela four years ago, refuses requests for interviews.
Trade unions, particularly in the oil and construction industries, have complained of ill-treatment by the Cubans. No unions are allowed on Cuban-run building sites. In September last year Froilán Barrios of the Confederation of Venezuelan Workers, which opposes the government, said that “oil and petrochemicals are completely penetrated by Cuban G2,” the Castros’ fearsomely efficient intelligence service. Oil workers planning a strike said they had been threatened by Cuban officials.
The new national police force and the army have both adopted policies inspired by Cuba. The chief adviser to the national police-training academy is a Cuban, and Venezuela’s defence doctrine is based on Cuba’s “war of all the people”. Foreign officials who watch Venezuela closely say that Cuban agents occupy key posts in Venezuela’s military intelligence agency, but these claims are impossible to verify.
Mr Chávez portrays Cuban help as socialist solidarity in the struggle against “the empire”, as he calls the United States. When he was visiting Cuba in 2005 Fidel Castro said publicly to him that their two countries were “a single nation”. “With one flag,” added Mr Chávez, to which Mr Castro replied, “We are Venecubans.” These views are not shared by Venezuelans. In a recent poll 85% of respondents said they did not want their country to become like Cuba. Perhaps Mr Valdés will include that in his assessment.
SINCE ITS founding in 1948, the Organization of American States has defined its two top purposes as "to strengthen peace and security" and "to consolidate and promote representative democracy." On the second count, it is failing.
Despite the adoption in 2001 of a "democracy charter," the OAS has done little to stem what has been a steady erosion of free elections, free press and free assembly in Latin America during the past five years. When Honduras's president was arrested and dispatched to exile by the military last year, the organization was aggressive but clumsy -- and ended up making a democratic outcome harder to achieve. In the case of countries where democracy has been systematically dismantled by a new generation of authoritarian leaders, including Venezuela and Nicaragua, the OAS has failed to act at all.
The embodiment of this dysfunction has been OAS Secretary General José Miguel Insulza. A Chilean socialist, Mr. Insulza has unabashedly catered to the region's left-wing leaders -- which has frequently meant ignoring the democratic charter. Last year, he pushed for the lifting of Cuba's ban from the OAS, even though there has been no liberalization of the Castro dictatorship. When Venezuelan strongman Hugo Chávez launched a campaign against elected leaders of his opposition, stripping them of power and launching criminal investigations, Mr. Insulza refused to intervene, claiming the OAS "cannot be involved in issues of internal order of member states." Yet when leftist Honduran President Manuel Zelaya tried to change his own country's internal order by illegally promoting a constitutional referendum, Mr. Insulza supported him, even offering to dispatch observers.
Now Mr. Insulza is up for reelection; a vote is scheduled for late next month. The United States, which supplies 60 percent of the funding for the OAS's general secretariat -- $47 million in 2009 -- ought to have a prime interest in replacing him with someone who will defend democracy. Yet the Obama administration is paralyzed: It has yet to make a decision about whether to support a new term for Mr. Insulza. Partly because of that waffling, no alternative candidate has emerged.
There is some reason for this. Five years ago, an effort by the Bush administration to promote a couple of friendly candidates backfired, and a U.S.-backed nominee this year would surely trigger pushback by Mr. Chávez and his allies, and by center-left governments such as Brazil. But the potential resistance to Mr. Insulza is growing. Panama, Colombia, Canada and Mexico could be enlisted in the search for an alternative. Even Chile's new center-right president has so far declined to endorse his compatriot.
At a minimum, the administration should embrace the recommendation of a recent Senate report on the OAS drawn up by the staff of Sen. Richard G. Lugar (R-Ind.). It calls for the OAS permanent council to require that Mr. Insulza make a presentation about his proposals and priorities for a second term, and for any other candidate who steps forward to offer such a presentation as well.
The United States should make clear that it will not support any secretary general whose platform on democracy issues is inadequate. Congress should meanwhile consider whether the United States should continue to provide the bulk of the funding for the OAS when it fails to live by its own charter